De la Prohibición a la Reducción de daños: El Caso Mexicano

De la Prohibición a la Reducción de daños:

El Caso Mexicano¹

Zara Snapp

Quisiera hablar sobre la filosofía de reducción de daños. Dicha filosofía implica entender que la vida misma causa daño en mí como persona. Por ello se han implementado estrategias como los cascos protectores para los ciclistas o el alcoholímetro, donde el gobierno no te prohíbe consumir alcohol y manejar, pero no puedes consumir arriba de cierta cantidad de tragos alcohólicos y manejar porque causarías un daño mayor. En este sentido, podemos ver que el alcoholímetro es un buen ejemplo de reducción de daños, con el cual observamos que pueden existir otras metas y soluciones adecuadas además de la abstinencia total.

Desde que tengo dieciséis años he trabajado en el tema de reducción de daños, en ese entonces desde la perspectiva de la sexualidad, promoviendo prácticas sexuales más seguras que redujeran los posibles daños de tener esas relaciones. Ahora, veinte años después, aplico la filosofía de reducción de daños pero desde la perspectiva de política de drogas.  Reducción de daños es una filosofía que se usa mucho en el consumo de sustancias. Se entiende que la persona va a consumir una sustancia, por lo que se busca que lo haga de una manera segura. Sin embargo, no sólo nos queremos enfocar en reducir el daño del consumo en México, sino también en cómo reducir el daño de las políticas públicas que se han aplicado los últimos doce años.

En 2008, la Organización de las Naciones Unidas identificó cinco consecuencias no deseadas de la prohibición: 1) la creación de un mercado criminal y violento con un valor de alrededor de 320 MMDD (de los cuales no hay fuentes fidedignas); 2) el desplazamiento de sustancias, esto se genera cuando un usuario no puede conseguir una sustancia, probablemente utilizará otra que le puede generar más daño a su cuerpo; 3) el desplazamiento de cultivos, el cual ocurre cuando se reducen los cultivos en un país pero aparecen en otro, entonces lo que sucede es que la erradicación no ha tenido un impacto, sino que nada más se genera un desplazamiento; 4) el enfoque punitivo en vez de un enfoque de salud y 5) la estigmatización a las y los usuarios de sustancias ilegales, la cual significa que si una persona tiene un consumo problemático, es menos propenso a ir a buscar ayuda o acudir a centros de salud, por lo que esto aumenta si eres mujer, si eres madre o si estas embarazada, porque te podrían quitar a tus hijos y entonces no te quieres arriesgar. Así la prohibición crea una brecha entre usuarios, servicios y el estado. Por lo tanto, la reducción de daños intenta cerrar esa brecha y ofrecer opciones a las personas donde al final de cuentas ellos determinen qué es lo mejor para su vida.


¹ Extracto de conferencia presentada en la Reunión Nacional de la Red Temática CONACYT en Prevención de Adicciones y Seguridad Ciudadana


 

La Organización de las Naciones Unidas ha resaltado que es difícil tener datos sobre cuales sustancias están en el mercado, justamente porque son ilegales. Tampoco se pueden realizar encuestas casa por casa sobre el consumo de drogas ya que la población muy probablemente negaría el consumo. Ésto paso con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Sigue siendo difícil generar ese tipo de datos porque las personas en realidad no quieren hablar sobre su consumo.

Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas dice que solo el 9% de las personas que usan sustancias ilegales tienen un uso problemático. Eso significa que 91%, son personas funcionales. Entonces, lo que debemos buscar es cómo reducir el daño para la persona y para la sociedad en general.

En el libro de “Diccionario de drogas” hablo sobre drogas legales e ilegales. En mi punto de vista, el que una droga sea legal o ilegal tiene que ver con intereses, historia y visiones de gobierno. El que una droga sea ilegal no está relacionado con los riesgos de la sustancia, pues si fuera el caso el alcohol sería ilegal y el LCD no, pues no causa casi nada de adicción, ni problemas generales. Durante décadas se han creado una serie de mitos sobre las sustancias y nuestro trabajo es hacer incidencia y poco a poco derrumbar esos mitos para así poder hablar abiertamente del porque las personas usan dichas sustancias.

Probablemente la mayoría de nosotros consumimos café hoy en la mañana. Imaginemos que prohibieran el café, ¿quién hablaría que consumió café por la mañana? Bueno, lo mismo sucede con las drogas ilegales. Sin embargo, creo que sí existe una generación de consumo responsable, que no son los que vemos en la calle drogados y que son un porcentaje muy pequeño, por lo que podríamos estar haciendo intervenciones muy directas a esas personas. El hablar de política de drogas y su regulación no significa estar en contra de la educación, de la prevención y del tratamiento de calidad. Al contrario, deberíamos estar ofreciendo todo eso a todas las personas que lo requieren, buscando que sea un tratamiento voluntario. Estoy a favor de que haya programas basados en la verdad sobre las sustancias, información veraz a la que se pueda acceder fácilmente. Es necesario cambiar el paradigma para que podamos hablar de drogas sin que haya tabús, mitos y las personas no empiecen a sentirse muy incomodos.

Existen tres convenciones a nivel internacional que rigen la política de drogas (1961, 1971 y 1988). En estas convenciones se decide que sólo hay un uso medicinal o científico de las sustancias que son prohibidas. También, en la convención de 1988 se habla por primera vez de la posibilidad de criminalizar a usuarios. Pero, ¿dónde está México ahora? La verdad, estamos en un vacío legal. Se aprobó una iniciativa de cannabis medicinal el año pasado, mucho de eso impulsado por el caso de Graciela Elizalde en Monterrey. La presión mediática logró que después de la sesión especial sobre drogas de las Naciones Unidas, la UNGASS del 2016, Peña Nieto mandara una iniciativa al Senado donde incluía cannabis medicinal, además de subir el umbral de 5 gramos hasta 28 gramos. Sin embargo, lo mas importante de la propuesta era revertir la encarcelación por portar entre 5 y 28 gramos. Sólo pasó la parte de cannabis medicinal, olvidándose por completo que somos un país productor, con el conocimiento sobre el cultivo de cannabis y que tenemos comunidades que hoy en día están cultivando ilegalmente. Además, COFEPRIS no ha aprobado el reglamento, lo que resulta peor, ya que nadie tendría acceso legalmente aunque la iniciativa se aprobara.

En 2017 hice una investigación sobre drogas en la Ciudad de México en la que entrevisté a personas que los encarcelaron por posesión de drogas, la mayoría de los entrevistados me dijeron que se las habían “plantado”. Hubo un joven que me dijo: salía de mi casa y traía cambio y me dijeron: tú eres “dealer”, y me “plantaron” diez bolsitas de coca. Entonces, con este ejemplo, podemos decir que la aplicación de la ley no está funcionando. Aunque existe la descriminalización, ésto tampoco funciona porque los umbrales no lo permiten, pues es discrecional y discriminatorio.

Por otra parte, un tema también interesante aquí en México son los amparos ante la Suprema Corte. En el primer amparo en 2015, llamado el caso SMART (Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable), intervinieron consejeros de México Unido Contra la Delincuencia A.C. junto con Andrés Irina y su despacho promoviendo el argumento de que una persona debe tener permiso a cultivar cannabis bajo el libre derecho del desarrollo de la personalidad. No se sabía si iban a votar a favor o en contra, pero como no había esperanza en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, ni en el Poder Ejecutivo, la única rama donde se podría intentar abrir el debate era en la Suprema Corte, fue así que se gana el caso SMART. A partir de este fallo el Gobierno Federal empieza a realizar foros por todo el país, incluso el Senado realizó veintiocho foros, llegando a la conclusión de que la estrategia no estaba funcionando y que el gobierno debía tener el control sobre estos mercados.

Ésto llevó a que se realizaran amparos para consumir marihuana bajo el libre desarrollo de la personalidad, inclusive para cultivar. Sin embargo, en el tema del cultivo, nosotros nos auto impugnamos con la pregunta ¿Dónde vamos a conseguir la semilla? En el primer caso de SMART, el único ministro que votó en contra fue debido a que en la redacción del proyecto no se decía de donde se conseguiría, por lo que nos dieron la razón. COFEPRIS ahora tendrá que importar las semillas para mí en una sola ocasión. Fue ahí donde iniciaron una investigación sobre cuantas semillas necesitaría para el resto de mi vida. Ni ellos ni yo sabíamos qué hacer o por dónde empezar, así que importamos cinco mil semillas de un banco de semillas en Holanda. Se importó esa cantidad porque no se sabía cuáles iban a funcionar y cuáles no y cuales iban a tener la variedad para desarrollar mi personalidad.

En nuestro país, nueve personas tienen un derecho y los demás no, algo está mal ahí y hasta debería ser inconstitucional. El mundo está cambiando y México tiene que tomar una decisión, ir en la dirección de los países asiáticos que tienen pena de muerte, seguir con la militarización y la violencia o proponer y crear cambios. Por ejemplo, Uruguay fue el primer país en regular el mercado de cannabis desde la semilla hasta la venta en el 2013. Existen tres maneras de acceder en Uruguay: el auto cultivo, clubes cannábicos y las farmacias donde el estado tiene un control desde cuanto se cultiva hasta cuales variedades existen. Cada persona que se registra con el gobierno tiene derecho a 40 gramos al mes. Está muy regulado por el estado y la publicidad está prohibida. Decidieron implementar dicha política después de que hubo dos muertes relacionadas al tráfico de drogas y, aunque son un país muy pequeño donde habitan tres millones de personas, privilegiaron sus compromisos y obligaciones respecto a los derechos humanos por encima de los de control de drogas, regulando el mercado recreativo o personal.

En Estados Unidos, la marihuana para uso recreativo y medicinal es permitida en veintinueve estados y 25% de la población vive en uno de ellos. Si eres mayor de 21 años puedes ir a un dispensario y comprar marihuana de muchos tipos. Cada vez más estados como California, Colorado o Massachusetts se están sumando a regular la marihuana.  Estados Unidos ha sido eficaz en poner ciertos límites dentro de la ley y destinar cada dólar al tema de la justicia social, permitiendo resarcir el daño que se hizo con la prohibición.

El que exista la legalización de la marihuana en otros países nos da el ejemplo y sería el primer paso para iniciar a reparar el daño, enfrentar las dinámicas de opresión y privilegios que vivimos en el país, reconocer los grupos históricamente vulnerados y emprender acciones afirmativas y redistributivas para nivelar la balanza de la justicia. En México tendría que haber una regulación donde se usen los recursos para la justicia social que buscan los familiares de los afectados.

Al final de cuentas, todos estos casos lo que tienen en común es que están evaluando muy de cerca lo que está sucediendo para ver si el consumo sube o  baja. Por ejemplo, en Colorado el consumo en jóvenes ha seguido estable desde la regulación del cannabis. En Holanda, donde no han regulado la producción, sólo la venta, el consumo en jóvenes es más bajo que el de sus vecinos Alemania y Francia. La preocupación es la misma, queremos proteger, asegurar que las personas y nuestros jóvenes estén bien, y que las personas que consumen lo hagan de una manera segura. Además, se pueden aprovechar los impuestos derivados de la regulación para realizar diferentes proyectos que tenemos y que nos gustaría realizar.

En lo que concierne a cocaína, más del noventa y cinco por ciento de la hoja de cocaína se cultiva en Colombia y está destinada para el mercado de Estados Unidos y Europa. Esa es la realidad, si los colombianos no hablan de la cocaína y la regulan de cierta forma, lo que va a suceder (ya está sucediendo) es que nuevos actores lleguen a las comunidades donde las FARC´s se han retirado, muchos de ellos mexicanos que van a captar el mercado. Si Colombia quiere conseguir la paz, tiene que hablar de la cocaína. En ese sentido va la campañana “Coca regulada, paz garantizada”. En dicha campaña se realizó una encuesta donde 71% dijo que estaba a favor de ir a un centro de distribución para poder comprar cocaína y 84% estaría dispuesto a pagar más por un producto producido bajo criterios de mercado justo. Las personas quieren consumir, pero no quieren que su consumo cause problemas.

Para terminar, desde un grupo amplio de la sociedad civil y la academia hemos conformado una plataforma para acompañar al gobierno entrante que se llama “Regulación por la paz.”  En dicha plataforma, las propuestas en materia de política de drogas se estructuran bajo tres ejes:

1.- La no repetición

Que incluye la desmilitarización de estrategias de seguridad y salud púbica. En muchos lugares es el ejército quien hace intervenciones de prevención de adicciones.

La descriminalización de todas las sustancias. Una regulación de cannabis bajo el derecho de libre desarrollo de la personalidad. La regulación de amapola para usos medicinales y científicos.

Respeto a las prácticas sociales y culturales de pueblos indígenas. Reconocer que tenemos una historia larga con el peyote y con los hongos.

Garantizar el respeto al debido proceso.

2.- Reparación:.

Excarcelar personas por delitos que ya no serían tipificados.

En reducción de penas priorizar la liberación anticipada.

Garantizar la inclusión de comunidades en estos nuevos mercados.

3.- Verdad y justicia:

Acompañamiento a personas que han sufrido alguna violación a sus derechos humanos.

Para México, la regulación de drogas puede ser una oportunidad de desarrollo. Somos un país que tiene conocimiento y genética de semillas. Es ridículo que yo tenga que importar semillas cuando tenemos aquí muchas semillas y biologos expertos. ¿Cómo podemos aprovechar esa oportunidad?

Muchos dicen que no están seguros que bajará la violencia con la regulación de la marihuana, yo tampoco. De lo que sí estoy segura es que bajaría la corrupción y bajaría la posibilidad de que el estado pueda seguir justificando violaciones a derechos humanos en contra de comunidades.

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