La participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en las operaciones contra el narcotráfico

Por: Pamela Mendoza Cortés[2]
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Gran parte de los análisis sobre la militarización de la seguridad pública en México hacen referencia al despliegue de la Operación Michoacán posterior a la llegada de Felipe Caderón a la presidencia en 2006 como el inicio de una de las eras más violentas del país conocida como “Guerra contra el narcotráfico”. Sin embargo, esta coyuntura es una etapa más en la historia de las operaciones contra el narcotráfico que datan desde el apoyo militar para la destrucción de cultivos en 1938 en apoyo de las autoridades de salud en las que se facultaba la política anti-drogas como problema de salud pública. Fue hasta el año 1947 que la Procuraduría General de la República (PGR) asumiría en sus apectos legal y operativo dicha política (Astorga, 2007: 57).

En el transcurso de la década de 1970 el presidente Luis Echeverría intensificó la persecución y erradicación de cultivos de marihuana y amapola a través de un esquema de operaciones antinarcóticos, como es el caso de la Operación Cóndor entre 1975 y 1978 y la Fuerza de Tarea Marte en 1987 (CIA, 1977: 13), (Sedena, 1987-1988). Durante este periodo se desplegó a 10,000 militares en los principales estados productores del país tales como Sinaloa, Chihuahua y Durango (“el triángulo dorado”) para la erradicación de cultivos de amapola durante las operaciones llamadas Lince, Pantera, Gavilán, Halcón, Tigre, Dragón, Azor, Costera, Jaguar, Puma, Águila, Lechuza, Cruz Grande, Luciérnaga, Mangosta, Relámpago, Centauro y Júpiter. Casasola, 1991).

En 1986 el presidente Miguel de la Madrid retomó la tesis estadounidense del tráfico de drogas como amenaza a la seguridad nacional. La base era el esquema planteado por el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en la “National Security Decision Directive 221” bajo el contexto de presión del gobierno estadounidense por el asesinato del agente encubierto de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar el año anterior (Astorga, 2009: 19), (Aguayo, 1990: 119), (Maciel, 2003: 244.262).

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se crearon diversos organismos antidrogas como el Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO) en 1992, así como el Programa Nacional para el Control de Drogas y el Instituto Nacional para el combate a las Drogas (INCD) en 1993. Mientras que el presidente Zedillo concentró las labores de los militares en el combate contra la insurgencia armada, el crimen organizado y el tráfico de drogas, las fuerzas armadas participaron activamente en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad pública. Entre noviembre de 1995 y septiembre de 1996, militares fueron designados agentes de la PJF y ocuparon también cargos de alto nivel en la PGR. Entre estos casos estaba el general Jesús Gutiérrez Rebollo[3], nombrado titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).

En esta etapa los militares comienzan a controlar posiciones estratégicas en seguridad interna. Por ejemplo, 23 de los 35 aeropuertos internacionales del país y la totalidad de delegaciones de la PGR en la frontera norte estaban controladas por militares (Astorga, 2009: 62). De igual forma, contribuyeron en la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP) con la transferencia de 5,000 militares de la Brigada de Policía Militar.

En este contexto se estableció la Directiva Azteca (Sedena: 1994-1998) que desplegó un promedio de 23,000 soldados y fueron creados los Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (GANFE´s) en mayo de 1998. En agosto de 1996, la Fuerza de Tarea Azteca sustituyó a la Fuerza de Tarea Marte y al Plan Canador. A partir de ese año el combate al tráfico de drogas quedó bajo la responsabilidad de cada Región Militar. También, a la erradicación de cultivos se sumó la intercepción terrestre, aérea y anfibia (Sedena, 2012: 60).

En el año 2000, el promedio de militares desplegados en tareas de combate al tráfico de drogas osciló entre 6,000 y 12,000. En el año 2002 se implementaron Operaciones de Alto Impacto y Rendimiento que emplearon unidades de Fuerzas Especiales en tareas de erradicación e intercepción en áreas críticas y decisivas del territorio nacional, así como 36 Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (Sedena, 2001-2006). En este tiempo, el Ejército mexicano se encargaba de más del 70% de las operaciones de erradicación e intercepción con el despliegue de casi 30,000 militares (El Universal, 14 de agosto de 2002)[4].

La tendencia hacia la reestructuración de mandos de las instituciones de seguridad para sustituir a funcionarios civiles por militares con licencia fue a partir de la Operación México Seguro en junio de 2005 (Sedena, 2001-2006) (Gili, 22 de junio de 2005). En dicho contexto se nombra por primera vez a un militar como titular de la PGR, el General Rafael Macedo de la Concha (ex procurador de Justicia Militar[5]). También, fueron nombrados el Contraalmirante Wilfrido Robledo como titular de la Policía Federal Preventiva (PFP), el General Carlos Fernando Luque como titular del Centro de Planeación y Control de Drogas (CENDRO) y el general Carlos Demetrio Gaytán como titular la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud (FEADS), entre otros.

En diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón, al inaugurar su gobierno, encabezó la “Guerra contra las drogas”[6]. En este sentido, el combate al tráfico de drogas fue planteado como un asunto de Seguridad Nacional que por su gravedad demandó formular un concepto estratégico del cual se derivó la implementación de las Operaciones de Alto Impacto desplegadas en las áreas geográficas con mayor incidencia de producción de droga o a petición expresa de los gobernadores de los estados (Sedena, 2001-2006) (Sedena, 2007) (S/A La Jornada Michoacán, 8 de mayo de 2007) (Servín, 5 de junio de 2007). En este esquema se establecieron dos tipos de operaciones: las Operaciones de Alto Impacto que son intensivas y de corta duración y las Operaciones Regionales con carácter permanente.

En 2006, el promedio mensual de despliegue fue de 43,000 militares,. Posteriormente, dicho despliegue siguió aumentando a 45,000 elementos en 2007, 49,000 elementos en 2008 y 50,000 elementos de 2009 en adelante (Sedena, 2009). La creciente participación militar derivó en la implementación de la Directiva Para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, enfocada principalmente a la erradicación, intercepción aérea y terrestre de drogas por medio de un despliegue operativo geográfico. No obstante, durante el sexenio desertaron más de 100,000 militares (Carrasco, 3 de febrero de 2008: 17). Lo anterior es preocupante si se considera que entonces el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos contaban con 194 mil efectivos. Algunos de ellos se vincularon con el crimen organizado, como en el caso de “Los Zetas” (Osorno, 2012: 142).

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las operaciones militares contra el tráfico de drogas se han mantenido bajo la etiqueta de “Operaciones para reducir la violencia” que continúan con el esquema de erradicación (erradicación intensiva, erradicación regional y erradicación en áreas no tradicionales)

Conclusiones

El esquema impulsado por los gobiernos de los últimos 40 años en contra del crimen organizado refleja un enfoque punitivo y el empleo de instrumentos tradicionales de violencia institucionalizada de Estado que contrasta con el discurso oficial de una perspectiva integral, transversal y de prevención. Este esquema se remonta a 1940 cuando las drogas eran asunto de salud pública. A partir de 1970, cuando el narcotráfico se define como asunto de seguridad nacional, comenzó la creación organismos policiales antinarcóticos y se intensificaron las operaciones militares a partir de la Operación Cóndor, a la que se sumaron la Fuerza de Tarea Marte y la Fuerza de Tarea Azteca como antecedentes de las operaciones regionales y de alto impacto que se desplegaron al inicio del gobierno de Felipe Calderón en diciembre de 2006 y que continúan en 2018.


[1] Algunas de estas consideraciones han sido previamente analizadas en: Paloma Mendoza Cortés (2016).  “Operaciones del Ejército Mexicano contra el tráfico de drogas: Revisión y actualidad”, en: Revista Política y Estrategia, 128 (julio-diciembre), Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Santiago de Chile.

[2] Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; actualmente es candidata a Doctor en Estudios Organizacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana. Egresada del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies (CHDS) National Defense University, NDU; Washington, D.C. De igual forma es egresada del Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Ha sido profesora en el Heroico Colegio Militar (HCM), del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea (CEEFA), del Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal en la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y conferencista en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV). Líneas de investigación: historia y organización de las Fuerzas Armadas mexicanas, seguridad nacional, inteligencia y relaciones civil-militares; correo electrónico: paloma.mendoza@comunidad.unam.mx

[3] Gutiérrez Rebollo fue acusado de proteger al traficante Amado Carrillo Fuentes y fue sentenciado a 77 años de prisión en 1997 por los delitos de acopio y transportación de armas de fuego y cartuchos, violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada por dar protección a la organización criminal de Amado Carrillo y por abuso de autoridad durante su gestión al frente del INCD al otorgar nombramientos indebidos. Gutiérrez Rebollo acusa al ex Secretario de la Defensa, General Enrique Cervantes Aguirre, de no haber aprendido a Carrillo a pesar de haber tenido 3 oportunidades de hacerlo y de configurar una estrategia en su contra (Jácquez, 10 de agosto de 2003: 10-14).

[4] En ese mismo año y en la coyuntura donde se hizo el reemplazo de funcionarios de seguridad pública por militares, el Secretario de Defensa, Clemente Vega García, anunció la disolución del 65º Batallón de Infantería con sede en Guamúchil, Sinaloa, y dependiente de la III Región Militar (Sinaloa y Durango), (Gutiérrez, 20 de noviembre de 2002: 13). Lo anterior tras tener conocimiento de que algunos elementos de dicho Batallón estaban vinculados y brindaban protección a los traficantes (Gutiérrez, 20 de octubre de 2002: 12-16). A cien de dichos elementos se les acuso de recibir dinero a cambio de no destruir plantíos y quinientos elementos quedaron libres de cargos y fueron enviados a otras unidades del país. A los pocos días se tuvo conocimiento de un informe del General de División Salinas Altés dirigido al Secretario de Defensa, en donde se señalaba al General Brigadier Héctor Porfirio Petronio Guadarrama y Reynoso (que tuvo bajo su mando a dicho Batallón entre 1996 y 1998) y a los tenientes Marco Antonio Vázquez, Gerardo Monjarraz y Odín Cruz de presuntos vínculos con las organizaciones de Alfredo Beltrán Leyva, Jaime Palma Valenzuela y Miguel Beltrán Uriarte (S/A Excelsior, 28 de octubre de 2008).

[5] Durante el ejercicio de este cargo, el General Macedo se encargó del proceso legal de los generales Jesús Gutiérrez Rebollo, Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quiroz Hermosillo.

[6] De acuerdo a una de tantas versiones sobre el contexto en el cual el Presidente Calderón tomó tal decisión: “Según algunas versiones periodísticas, Calderón asumió el término guerra para su lucha contra el narcotráfico a partir de una reunión sostenida en Cuernavaca, Morelos, en septiembre de 2006, donde estuvieron presentes Eduardo Medina-Mora, Genaro García Luna y el ex jefe de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en México. El jefe de la DEA (presumiblemente David Gaddis, entonces director regional de la DEA con sede en el Distrito Federal) expuso a Calderón la necesidad de desatar una “guerra” contra los grupos criminales”, a lo cual el presidente electo accedió. Medina-Mora fue luego designado Procurador General de la República y García Luna como Secretario de Seguridad Pública.” (Fazio, 2016: 48), (Riva Palacio, 15 de agosto de 2014).

Fuentes consultadas:

Aguayo Quezada, Sergio. (1990). En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana. México: Siglo XXI.

Aranda, Jesús. “El Ejército, en peligro de corromperse: especialistas”, en: La Jornada, México: 10 de mayo de 2007.

Aranda, Jesús. “Soldados de élite, arma civil contra delincuentes”, en: La Jornada, México: 10 de mayo de 2007.

Carrasco Arraizaga, Jorge. “Fiebre militarista”, en: Proceso. Semanario de Información y Análisis. Núm. 1631, México, 3 de febrero de 2008.

Castillo García, Gustavo. “Pagan narcos campaña contra militares”, en: La Jornada. México: 14 de octubre de 2007.

Castillo García, Gustavo. “Los Zetas ahora también secuestran”, en: La Jornada, México, 3 de febrero de 2008.

Castillo García, Gustavo. “Desplaza Ejército a PGR en erradicación de droga”, en: La Jornada, México, 9 de septiembre de 2007.

Editorial. “Narcotráfico, el principal flagelo para la seguridad”, en: El Universal, México: 14 de agosto de 2002.

Fazio Carlos. (2016). Estado de Emergencia. De la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. México: Grijalbo..

Gili, Adolfo. “El restablecimiento neoliberal del orden”, en: La Jornada, México, 22 de junio de 2005.

Gutiérrez, Alejandro. “Otro ajuste de cuentas en el Ejército”, en: Proceso. Semanario de Información y Análisis. núm. 1355. México, 20 de octubre de 2002.

Gutiérrez, Alejandro. “¡A los cuarteles…!”, en: Proceso. Semanario de Información y Análisis. núm. 1355. México, 20 de octubre de 2002, pp. 12-16.

Jácquez, Antonio. “Madeja de complicidades”, en: Proceso. Semanario de Información y Análisis. núm. 1397. México: 10 de agosto de 2003.

Osorno Diego, Enrique. (2012). La guerra de los Zetas. Viaje por la frontera de la necropolítica. México: Penguin Random House.

Riva Palacio, Vicente. “La guerra de Calderón”, en: El Financiero. México, 15 de agosto de 2014.

S/A. “Altamente necesaria la presencia del Ejército en Michoacán: Cárdenas Batel”. En: La Jornada Michoacán, 8 de mayo de 2007.

S/A. “Filtran a los Beltrán tácticas de la SEDENA”, en: Excelsior. México: 28 de octubre de 2008.

Secretaría de la Defensa Nacional [Sedena]. Informes de Labores (2001-2006). México, Taller Autográfico, Sedena.

Servín Vega Mirna. “Que no se saque al Ejército del combate al crimen organizado. Entrevista a Joel Ortega Cuevas, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal”, en: La Jornada. México: 5 de junio de 2007.

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